Justicia de Bolivia anula imputación y orden de aprehensión contra Evo Morales

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Jorge Quino, informó este lunes que quedó sin efecto la imputación y orden de aprehensión que pesaba contra el exmandatario de Bolivia, Evo Morales, por los supuestos delitos de sedición y terrorismo.

 

Las autoridades judiciales declararon procedente un recurso de acción de libertad interpuesto por la defensa de Morales, al considerar que se vulneraron derechos fundamentales del exmandatario, como el de la defensa, dijo Quino, en entrevista con Unitel que reseñó RT.

 

Por este caso, el exmandatario estaba citado a una audiencia este martes 27 de octubre. Sin embargo, la defensa alegó que el expresidente no recibió ninguna citación ni notificación, que se habría hecho por edictos, acción que se realiza cuando no se conoce el domicilio del acusado y el mismo estaría dentro del país.

 

“Al señor expresidente se le habría citado mediante edictos, cuando en realidad los fiscales, hasta los medios de prensa, tenían conocimiento de que estaba viviendo en Argentina”, dijo Quino.

 

Añadió que el juez ha advertido “ese error que cometieron los fiscales que conocían el caso” y “ha dispuesto dejar sin efecto la imputación y el mandamiento de aprehensión”.

 

Este fallo a favor de Morales se conoce a una semana del triunfo de Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS) —partido del exmandatario—, en las elecciones presidenciales.

 

La “denuncia”

La denuncia contra Morales fue presentada por el ministro del Interior del Gobierno de facto de Bolivia, Arturo Murillo, apenas días después del golpe de Estado en su contra, que forzó su salida de la presidencia y del país.

 

Murillo basó la denuncia en un video en el que se aprecia a un supuesto dirigente del trópico de Cochabamba, identificado como Faustino Yucra, conversando presuntamente con Morales, donde el depuesto mandatario aparentemente le indicaba cómo organizar los bloqueos en el país para protestar contra el Gobierno de la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez.

 

El partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS); la Defensoría del Pueblo y grupos internacionales como Human Rights Watch denunciaron varias veces este proceso como persecución política sin fundamentos legales ni pruebas concretas.

 

Este era el más avanzado de varios procesos abiertos en el último año contra el líder indígena y el único del cual se conocía una orden de aprehensión, reseñó Sputnik.

 

Las autoridades bolivianas habían solicitado a Interpol la orden de detención contra Morales; sin embargo, a principios de octubre se conoció que este organismo internacional la rechazó, al considerar que los delitos de sedición y terrorismo de que se le acusaban tenían una “connotación política”.